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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13709
Titre: | Las funciones de contraloría : ¿garantía constitucional o herramienta de persecución?. |
Auteur(s): | Orellana Almeida, Susana María |
metadata.dc.contributor.advisor: | Velez Coello, José Miguel |
Mots-clés: | DERECHO ADMINISTRATIVO;PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD;DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD;DERECHOS CONSTITUCIONALES;CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO |
Date de publication: | 26-aoû-2019 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The Contraloría General del Estado is the supervisory and state oversight, is the mechanism that the State has, regarding the actions or omissions of public servants, by virtue of the powers provided by our legal system. The Contraloría may determine administrative, civil liability or indications of criminal liability against public officials or officials who work in private law institutions and manage public resources. One of the main objectives of the Contraloría is that public servants act in accordance with the law and do not commit arbitrariness or manipulate public resources at will. In spite of this, it is important that in the processes of predetermination and determination of responsibilities, the Contraloría acts within the term established by the Ley Orgánica de Contraloría General del Estado and its regulations, since, if they do not do it, not only they would be violating constitutional rights of the administrated, also that the Contraloría would act without powers and faculties, which would result in a null and illegal resolution, which the administrated impugn, and in the end the work done by the Contraloría does not take effect. Therefore, I propose a reform of articles 26 and 56 of the Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, to establish a prudent term in which the Contraloría can act, without the need to violate constitutional rights. |
Description: | La Contraloría General del Estado es el órgano de control y fiscalización del Estado, es el mecanismo que posee el Estado respecto a las acciones u omisiones de los servidores públicos, en virtud de las facultades que les provee nuestro ordenamiento jurídico. La Contraloría puede determinar responsabilidad administrativa, civil culposa o indicios de responsabilidad penal en contra de los funcionarios públicos o de los funcionarios que trabajen en instituciones de derecho privado y manejan recursos públicos. Uno de los objetivos principales de la Contraloría es que los servidores públicos actúen conforme a derecho y no cometan arbitrariedades o manipulen los recursos públicos a su antojo. A pesar de ello, es importante que en los procesos de predeterminación y determinación de responsabilidades, la Contraloría actúe dentro del término y plazo que establece la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y su reglamento, ya que, si no lo hacen, no sólo estarían vulnerando derechos constitucionales de los administrados, sino que la Contraloría actuaría sin competencias y facultades, lo que tendría como consecuencia una resolución nula e ilegal, que los administrados impugnan, y, que al final no surte efecto el trabajo realizado por la Contraloría. Por ello, propongo una reforma de los artículo 26 y 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para estabecer un término prudente en los que la Contraloría pueda actuar, sin la necesidad de vulnerar derechos constitucionales. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13709 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho |
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