Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14577
Título : | Control jurisdiccional de los actos políticos. |
Autor : | Calderón Ulloa, Adrián Steven |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguirre Valdez, Javier Eduardo |
Palabras clave : | ACTOS POLÍTICOS;DERECHO ADMINISTRATIVO;CONTROL JUDICIAL;TUTELA JUDICIAL EFECTIVA |
Fecha de publicación : | 10-feb-2020 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | The control of the acts exercised by the government or the executive has been one of the problems raised in the Spanish administration, consequently the Ecuadorian administrative legislation. The Ecuadorian Constitution, which is designed to guarantee this, establishes that all acts issued by the administrative authority and by any member of the government must be subject to constitutional and judicial jurisdiction. Therefore, there is a discussion as to whether the review of political acts of government is excluded and whether these can be revoked at any time by virtue of the effective protection established by the 2008 Constitution. The constitutional text has enshrined a control structure designed to make effective the control of the actions of the Administrative Function. Therefore, judicial control acts as a final guarantee, since it is designed to supervise that the acts of the public authorities are issued in accordance with the Constitution and the legal system in force. The control of the acts exercised by the government or the executive has been one of the problems raised by the Spanish administrative justice, whose legislation has been the source of Ecuadorian administrative law. The debate on whether or not it is appropriate to subject actions of a political nature to review is a conflict that has been going on for several years in constitutional and administrative law. |
Descripción : | El control de los actos ejercidos por el gobierno o el ejecutivo ha sido uno de los problemas planteados en la administración española, consecuentemente también en la legislación administrativa ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana, cuya concepción es garantista, establece que todos los actos emanados por la autoridad administrativa -y por cualquier miembro del gobierno- deben ser sometidos a jurisdicción constitucional y judicial, por lo que existe la discusión de si se excluye la revisión de los actos políticos de gobierno y si estos, en un momento dado pueden ser revocados en virtud a la tutela efectiva que establece la Constitución del 2008. El texto constitucional ha consagrado una estructura de control destinada a hacer efectivo el control de las actuaciones de la Función Administrativa. Por lo tanto, el control jurisdiccional actúa como última garantía, ya que está destinado a supervisar que los actos de los poderes públicos se emitan conforme a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. El control de los actos ejercidos por el gobierno o el ejecutivo ha sido uno de los problemas planteados por la justicia administrativa española, cuya legislación ha sido fuente del Derecho Administrativo ecuatoriano. El debate sobre la conveniencia o no de que pueda someter a revisión actuaciones de naturaleza política, es un conflicto que ha llevado varios años tratándose en el derecho constitucional y administrativo. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14577 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-DER-548.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons